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Introducción

 

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, dado que permite la continuidad en la existencia humana permitiendo garantizar una calidad de vida. El desabasto, mal uso o privatización impacta directamente en la cada vez menor posibilidad de acceder a tal derecho humano. Sin duda un paso fundamental es el reconocimiento jurídico de tal goce que implica la garantía por parte del Estado y sus instituciones; cuestión que es contemplada por la nueva Constitución de la CDMX. Pero un menoscabo o derogación en este derecho humano se vería reflejado en programas deficientes que entorpecerán el goce de tal garantía.

 

Por lo tanto, sostenemos que una derogación de los artículos referidos a derechos humanos en la nueva Constitución de la Ciudad de México tendrá un impacto negativo en el acceso al derecho humano al agua y saneamiento, teniendo por consecuencia poniendo en riesgo a la ciudadanía.

 

Una consideración, México es un país de amplia riqueza natural se encuentra en diversas problemáticas de agua, debido en parte a su situación geográfica. El 80% de la población se encuentra distribuida en la parte centro y norte del México. Sin embargo, el 80% de la riqueza natural e hídrica se concentra en la parte sur y sureste, dejando una paradójica distribución desigual entre la población y su necesidad de consumo de agua. A ello necesariamente debe sumarse las actividades económicas, tanto agropecuarias como industriales. La sola Zona Metropolitana concentra al 25% de la población, y en concreto la Ciudad de México tiene que hacer frente al problema de los hundimientos del subsuelo, como un problema añadido. La consecuencia lógica ha sido la explotación de los mantos freáticos, no obstante, el factor de consumo excede al de reposición, por lo que existe un peligro futuro de desabasto, ello aunado a los irreversibles daños que puede sufrir el ecosistema.

 

La elevada concentración de población en los centros urbanos, proceso que no se ha detenido, requiere un mayor consumo de agua para solventar las necesidades humanas y económicas. El 60% del agua que se suministra a la población en la zona conurbada de la Ciudad de México proviene del subsuelo del Valle, aunque la situación es análoga a regiones como la comarca lagunera donde el suministro proviene de pozos de agua subterráneos. En el caso del Valle de México, se tiene el problema añadido del constante hundimiento, que va desde los 11 cm hasta los 35 cm anuales. 

 

Los daños a la red de distribución propician fugas de agua potable calculadas en 30% del caudal conducido, reduciendo el abasto a los hogares. Adicionalmente, al quebrarse los tubos del drenaje, las aguas residuales se infiltran en el subsuelo contaminando progresiva y crecientemente los mantos acuíferos.

 

Las condiciones anteriores han originado una lucha ciudadana y popular por el acceso a de este recurso vital, en el presente caso, hacemos referencia al Movimiento Urbano Popular (MUP). Siendo éste, un frente conformado por diversas asociaciones civiles que desde la década de los años 70´s ha realizado movilizaciones y una serie de acciones para la defensa y garantía de diversos derechos y el acceso al goce de la ciudad.

 

A diferencia de las experiencias cooperativas y sindicalistas orgánicamente integradas a la estructura del partido hegemónico PRI, el Movimiento Urbano Popular (MUP) ha logrado desde su inicio distanciarse política y de manera ideológica, tanto de los partidos como del gobierno mismo, manteniendo su autonomía. Por otra parte, dado que su nivel operativo se encuentra en las colonias y barrios, el MUP se ha mantenido como un canal de enseñanza y aprendizaje político. “La primera dimensión significa rechazo a las tácticas de mediación, cooptación y control que el gobierno y su partido utilizan en este campo, y por ello, constituye la defensa legítima del derecho a la libre organización y expresión social” (Ramírez, 98).

 

Por otra parte, aunque la denominación del movimiento es urbano y popular, desde su fundación, no se ha limitado solamente a la obtención del suelo dentro del Distrito Federal, sino que ha logrado abanderar diversos actores sociales y problemáticas. Dicho movimiento también se ha caracterizado en abanderar la lucha por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la democracia y del medio ambiente. Debido a su carácter, se ha volcado sobre todo en la lucha por la vivienda, destacándose en evitar la promulgación de la Ley de Vivienda finalmente aprobada por el Senado de la República Mexicana. No obstante, a pesar de estos retrocesos, el Movimiento Urbano popular se ha erigido como un componente esencial en la lucha por los espacios públicos del Distrito Federal, aunque debe puntualizarse que su finalidad no es la toma del poder, a diferencia de los partidos políticos. 

 

No obstante, la historia de éste frente social no se inscribe únicamente a la lucha por la vivienda, en éste caso también en la lucha por el agua. Parte del proceso de movilización del Movimiento Urbano Popular y diversas organizaciones como la Coalición Internacional para el Hábitat–América Latina (HIC- AL), así como la presentación de La Carta por el Derecho a la Ciudad. Tal documento procede de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la cual propone el acceso continuo y progresivo de los diferentes derechos humanos en la Ciudad de México, como una estrategia en el empoderamiento de la ciudadanía en su espacio físico. Siendo lo anterior un referente e insumo vital en la propuesta de la Carta de Derechos de la nueva Constitución, donde el agua es un componente fundamental.

 

De manera más directa el MUP también realizó acciones en favor de la lucha por el derecho al agua. Tales acciones se realizaron bajo una movilización continua  en el espacio: Todxs Somos Constituyentes; un frente unido de diversas organizaciones sociales cuya finalidad es la creación de una serie de artículos que puedan ser incluidos en la nueva constitución de la Ciudad de México. Ello debido a que las condiciones en las que se conforma el grupo constituyente, sólo el 60 por ciento será por elección libre y directa. Ello alerta acerca de un retroceso de las conquistas sociales logradas en el DF tras el triunfo de la izquierda desde 1997. Lo cual ha resultado la participación en la redacción de la Constitución de la CDMX realizando aportaciones en materia de derechos humanos y el acceso al agua y al saneamiento en particular.

 

Temas urgentes de derechos humanos respecto al agua potable y saneamiento  

 

El proceso de promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, tras una serie de movilizaciones y participación de diferentes actores en el grupo de los Constituyentes fue posible la aprobación de la Carta de Derechos en el Título segundo de la Constitución local. Tal apartado consiste en la presentación de los diferentes derechos humanos que el habitante de la nueva demarcación política gozará bajo los criterios de garantía y progresividad.

 

Tales avances en cuanto al acceso al agua y en general el goce, se encuentra bajo una serie de impugnaciones principalmente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, tanto de la Procuraduría General de la República. Tales impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México, y en particular a la Carta de Derechos presentada en la misma, supondría un grave retroceso.

 

 Tal derecho queda expresado en el art. 9, apartado F:

 

“1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.

 

Es decir, una impugnación o controversia procedente eliminaría un derecho humano fundamental. En consecuencia, los criterios que se encuentran en riesgo de acuerdo a los puntos señalados para el Relator serían los siguientes:

 

  • Disponibilidad
  • Accesibilidad del agua y saneamiento
  • Información, participación del servicio del agua

 

La controversia, impugnación o una llana derogación de la completitud de la Constitución de la Ciudad de México implicará una perdida completa de tales criterios.

 

Una vez expresado lo anterior, procedemos a mostrar las controversias realizadas por la Procuraduría de Justicia de la República en torno a la materia del agua que nos atañe:

 

  • Competencia para “definir” derechos humanos (establecimiento de una carta de derechos propia) del Art. 4, apartado A, numeral 4 que dice:

 

4.-Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

 

  • Derecho al agua en el Art. 9, Apartado F, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México que expresa:

 

1.- Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

 

La controversia de esta institución se basa en el presupuesto fundamental de identidad constitucional, la cual se considera nula, dado que en última instancia la reforma de la Ciudad de México no es la creación de un nuevo estado, ya que su función es el ser la sede de los Poderes de la Unión, luego pues los actos jurídicos autónomos se consideran anulados:

 

 “El objetivo de la reforma constitucional del 29 de enero del 2016, en materia de la Ciudad de México, no tuvo la finalidad de crear el Estado de la República número 32, sino simplemente acrecentar los ámbitos de autonomía de la Ciudad de México como sede de los poderes federales”

 

Encontrándose su fundamento constitucional en los artículos 2, apartado A, fracción III, 40, 43, 44, 45, 103, fracción II, 116, 122 Y Noveno Transitorio del Decreto.

 

Centrándonos en la materia que nos atañe, la Carta de Derechos se encuentra dentro de un concepto de invalidez, encontrándose en el capítulo segundo de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, que transgreden las facultades del Poder Reformador para regular lo relativo al alcance y el contenido de los derechos humanos, encontrándose la Carta de Derechos en contraveniencia con el artículo 122, apartado A, fracción I

Artículo 122

“La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.”

 

Donde se mantiene el argumento que existe una sólo debe limitarse al goce y protección de los derechos limitando de antemano la posibilidad de acrecentar sus funciones respecto a tal materia.

 

De manera semejante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realiza una controversia contra el derecho humano al agua y al saneamiento, poniendo nuevamente de relieve la competencia de funciones ente el gobierno federal y local. Así se expresa que:

 

  • Controversia contra el art. 9, inciso f, numeral 3 que expresa:

 

“3.- El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.

 

  • De manera indirecta respecto al agua, se expresa que existe competencia de la CDCHDMX en materia de violaciones graves a derechos humanos en el art. Art. 48, numeral 4, inciso b)

 

4 Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos:

 

b) Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se considerarán graves;”

 

Haciendo de manifiesto que la Consejería Jurídica considera que los artículos: 1 "; 3°; 4°; 18; 07; 21;122 27; 73, fracciones X, XVI, XXI, inciso c, XXV, XXX y XXIX-Z; 103; 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran violados por la Constitución de la Ciudad de México.

 

De acuerdo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la procedencia en la controversia se fundamenta en el artículo 105 constitucional

 

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa;”

 

De acuerdo a la institución demandante, de acuerdo a citado artículo, se desprende que los conflictos susceptibles de ser resueltos vía controversia constitucional, se pueden plantear entre la Federación y una entidad federativa.

 

En consecuencia, dicha institución expone que el derecho al gua expuesto en la Constitución de la Ciudad de México contraviene a la Carta Magna en los artículos 4°, 27 y 73 constitucionales exponiendo lo siguiente:

 

“Tomando en cuenta lo antes expuesto, es dable concluir que la Asamblea Constituyente se extralimitó en sus facultades al momento de determinar que además de ser inalienable e imprescriptible el agua, es irrenunciable, pues introduce una característica no reconocida en el propio artículo 27 constitucional.

En efecto, las características de un bien del dominio de la Nación, como lo es el agua, solo lo puede ser modificado por el propio Constituyente de la Carta Magna y el Congreso de la Unión, teniendo vedado la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fijar, establecer o modificar tal condición.

Por lo tanto, ese Alto Tribunal deberá declara la invalidez de la porción normativa del articulo 9, inciso F, numeral 3, de la Constitución de la Ciudad de México, en lo tocante a señalar que el agua es "irrenunciable".

 

Puede observarse que los artículos en controversia, tanto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como la Procuraduría General de la República, expresan más bien un problema político de competencia de atribuciones entre la federación y un gobierno local en su capacidad de gestión y administración del vital líquido. Supuesto en el cual el principio que subyace como bien jurídico tutelado es la invasión de esferas de competencia de un orden normativo respecto de otro que realizan órganos primarios en contra de poderes políticos locales. Controversia que afecta directamente el goce del derecho humano al agua.

 

Por otra parte, la Consejería no contraviene de ninguna manera la explotación concesionada sin respetar el espíritu humano en el acceso al derecho al agua y al saneamiento que se encuentra presente en la Carta de Derechos presente en la Constitución impugnada. Así, se expresa lo siguiente:

 

“De igual manera deviene inconstitucional el hecho de que la Asamblea Constituyente establezca que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro, pues en términos del citado numeral 27 de la Constitución General, la explotación, el uso o el aprovechamiento del agua, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, podrá realizarse mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Esto es, el numeral que se combate es contrario a lo señalado en la Constitución General, pues modifica la posibilidad de que los particulares o las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas participen en la explotación, el uso o el aprovechamiento del agua, a través de las concesiones que para tal efecto puede otorgar el Ejecutivo Federal para gestionar el agua.

En tal sentido, es claro que el actuar de la Asamblea Constituyente trasgrede las atribuciones del Congreso de la Unión para normar la materia, así como la del Ejecutivo Federal para otorgar concesiones en la materia”

 

Al encontrarse inconstitucional una gestión pública y sin fines de lucro que garantiza un derecho humano fundamental, es decir, se considera pertinente y constitucional considerar un lucro en torno a la explotación y uso del agua,  de una manera clara y diáfana la protección hacia la privatización en la explotación, propiedad y uso de los recursos acuíferos  . Es decir, en esta controversia existe un claro conflicto de intereses económicos en torno al agua.

 

Poner de relieve un lucro respecto al acceso al agua, es poner de relieve la incapacidad creciente que tendrá la población para su abastecimiento. Aquí existe una contradicción entre la argumentación de la Consejería Jurídica y el artículo 1, 4 y 27 constitucional que la misma institución evoca:

 

Artículo 1.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

 

Artículo 4.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."

 

Artículo 27.

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de e -'as a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza”

 

La misma argumentación que ofrece la Consejería Jurídica resulta contradictoria ya que las controversias que esgrimen sólo resultan en un menoscabo al acceso al agua, al limitar la gestión autónoma de órganos fundamentales estatales y promover el lucro y usufructo en las fuentes, uso y explotación del agua. Es decir, dado que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado a la población, de igual manera considerando a poblaciones indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad; de igual manera manteniendo la soberanía nacional de tales recursos hídricos en aras del interés público. No puede entrar en contradicción la garantía de los derechos humanos con la utilidad; no está por encima el lucro de los recursos sobre los diversos accesos a estas garantías; ello resultaría en una violación directa a un derecho humano (y a la Carta a los derechos en general) a la vida que impactará directamente en la calidad de la misma. En el artículo 4, puede constatarse más claramente este hecho, al decir que el Estado, los 3 niveles de gobierno, en conjunción con la ciudadanía deben establecer las bases jurídicas para ello. Como se verá más adelante, diversos tratados internacionales, así como los artículos constitucionales invocados, se encuentran en armonía.

 

Contramedidas Jurídico legales en la defensa del derecho humano al agua presente en la Constitución de la Ciudad de México

 

En el caso que presentamos de controversias constitucionales a un derecho humano fundamental, existen recursos jurídicos que permiten la participación de las Naciones Unidas y diversos organismos internacionales en la violación al acceso al agua que supondrá la derogación de la Carta de derechos presente en la Constitución local.

 

A nuestra consideración, parte de la defensa de mencionado derecho debe iniciar en la Carta Magna del país, donde en su artículo 1 se establece una igualdad entre este documento y los tratados internacionales suscrito por el Estado Mexicano. Es en este punto donde se establece un puente entre el derecho internacional y el nacional que pese a las impugnaciones permiten el rescate de tal acceso al agua potable y saneamiento. A continuación, presentamos los insumos básicos para una defensa jurídica

 

Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 

“Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

 

Es decir, por principio parte de las funciones del Estado respecto a los ciudadanos es la garantía y progresividad de los derechos humanos contemplados en la Carta Magna y derivados de ésta tal como es el caso de la Carta de Derechos presente en la Constitución de la Ciudad de México. En consecuencia, existe una contradicción en torno a las impugnaciones y controversias realizadas por los mencionados organismos federales hacia la Carta de Derechos y el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano en lo particular. Por otra parte, mentado artículo permite una defensa internacional del derecho al agua, dado que los tratados internacionales en esta materia firmados por el Estado Mexicano tienen la misma relevancia ante las leyes mexicanas.

 

De igual manera, la Ley Nacional de Aguas se establece a su vez que, en torno a las competencias entre los ámbitos federal y estatal, dado que es en gran medida el origen de la controversia al derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución de la CDMX:

 

“Art.5. Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley, el Ejecutivo Federal: I. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos de Cuenca, en cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad, conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos

 

III. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente.

 

Art. 6.

VIII. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas, tomando en cuenta el interés nacional, regional y público”

 

De manera indirecta, el mantenimiento de la propiedad pública de las fuentes de agua y del servicio es una condición sine qua non por la cual debe mantenerse la garantía al derecho.

 

 ARTÍCULO 7. Se declara de utilidad pública:

 

“IV. El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracción en zonas reglamentadas, las vedas, las reservas y el cambio en el uso del agua para destinarlo al uso doméstico y al público urbano; la recarga artificial de acuíferos, así como la disposición de agua al suelo y subsuelo, acorde con la normatividad vigente;

 

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;”

 

En señalados extractos puede observarse que existe una garantía a la gestión descentralizada, así como relaciones intergubernamentales con la participación ciudadana en la gestión y administración del vital líquido, de tal manera que no debiera existir per se una controversia de competencias en tales niveles de gobierno.

 

A nivel internacional, y al amparo del Art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben mencionarse los Tratados suscritos por el Estado Mexicanos. En tal tenor, debe mencionarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11, numeral 1 nos expresa que:

 

“Art. 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

 

Artículo 12

 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;”

 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición

 

5. Hoy más que nunca, la utilización de los recursos marinos y de las aguas interiores cobra importancia, como nueva fuente de alimentos y de bienestar económico. Por lo tanto, se deben tomar medidas para promover una explotación racional de estos recursos, preferiblemente para consumo humano directo, con objeto de contribuir a satisfacer las necesidades de alimentos de todos los pueblos.

 

Es decir, forma parte de las atribuciones del Estado el garantizar derechos a sus habitantes garantizando su derecho a la existencia digna, donde el agua y su acceso es una parte integral e inherente. En un tono semejante, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite reafirmar el compromiso que debe existir en la garantía del derecho al agua.

 

“Art. 11

Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Asamblea General de las Naciones Unidas

 

 Artículo 25

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

 

 Declaración de los Derechos del Niño Asamblea General de las Naciones Unidas Aprobada el 20 de noviembre de 1959

 

Principio 4

 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 

Parte III

Artículo 6

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

 

“2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

 

c. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”

 

De una manera más amplia, directa y sustanciosa son las declaraciones realizadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dispone la relación entre el Estado y el cumplimiento del derecho al agua de acuerdo a tratados internacionales.

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observación general Nº 15 (2002) El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

 

El fundamento jurídico del derecho al agua

2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

 

II. CONTENIDO NORMATIVO DEL DERECHO AL AGUA

 

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

 

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica1.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.

 

15. Por lo que se refiere al derecho al agua, los Estados Partes tienen la obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir toda discriminación basada en motivos sobre los que internacionalmente pesen prohibiciones en lo referente al suministro de agua y a los servicios de abastecimiento de agua.

 

III. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES

 

18. Los Estados Partes tienen el deber constante y continuo en virtud del Pacto de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua. La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto.

 

19. Existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua está prohibida por el Pacto19. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte.

Obligaciones legales específicas

 

20. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.

a) Obligación de respetar

21. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Comprende, entre otras cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua

 

b) Obligación de proteger

 

23. La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua

 

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho

 

IV. VIOLACIONES

 

40. Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones generales y particulares, los Estados Partes deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles para garantizar el ejercicio del derecho al agua. De conformidad con el derecho internacional, el no actuar de buena fe para tomar tales medidas constituye una violación del derecho

 

42. Las violaciones del derecho al agua pueden producirse mediante actos de comisión, la acción directa de los Estados Partes o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados. Las violaciones pueden consistir, por ejemplo, en la adopción de medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas (mencionadas en el párrafo 37 supra), la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el continuo disfrute del derecho al agua, o la promulgación de legislación o adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las obligaciones jurídicas nacionales o internacionales preexistentes en relación con el derecho al agua. 43. Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una política nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.

 

V. APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL

45. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deberán recurrir a "todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas", para dar cumplimiento a sus obligaciones dimanantes del Pacto. Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para que toda persona disfrute del derecho al agua, lo antes posible. Las medidas nacionales encaminadas a asegurar el disfrute del derecho al agua no han de obstaculizar el disfrute de otros derechos humanos. Legislación, estrategias y políticas

 

46. Deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las obligaciones dimanantes del Pacto.

 

CONSEJO EUROPEO 

 

“Resolución del Consejo Europeo sobre Derecho del Medio Ambiente

 

2. Los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para favorecer el acceso al agua para todos y ejercer un control sobre las actividades de los diversos organismos, públicos o privados, que intervengan en la gestión del servicio de abastecimiento de agua;”

 

Deseamos señalar que en el Movimiento Urbano Popular, no se considera únicamente a los recursos legales, nacionales como internacionales. Es decir, cualquier estrategia de defensa de los derechos se realiza de manera coordinada tanto por la movilización, recursos legales, así como la organización diversas instituciones que han estado presenten durante todo el proceso de promulgación de la Carta por el Derecho a la Ciudad y la Constitución de la Ciudad de México, tales como HIC-AL, Copevi, etcétera. En cuanto a los recursos no legales disponibles debemos mencionar principalmente la movilización ciudadana que pueda respaldar una estrategia jurídica. Tal es una de las características del Movimiento Urbano Popular en su lucha por los derechos en la Ciudad de México.

 

Dicha movilización es referida a una campaña de información por medios escritos y electrónicos que permitan la concientización de la ciudadanía ante los inminentes riesgos en el menoscabo del derecho humano en el acceso al agua y el saneamiento.

 

Recomendaciones a las instancias

 

En consideración con el contexto de promulgación de la Constitución de la Ciudad de México y que se encuentra impugnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la República, en particular la materia en derechos humanos y la garantía en el acceso al agua potable y saneamiento, se realizan las siguientes recomendaciones:

 

De  acuerdo, con el art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza que en materia de derechos humanos los tratados internacionales poseen el mismo rango.  En conformidad con los art. 5, 6 y 7 de la Ley Nacional de Aguas, que se encuentran en contradicción con las controversias expresadas en las controversias de la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídico del Ejecutivo Federal.  Ello en vistan que contraviene el espíritu de las normas citadas, así como las consecuencias de las controversias ponen en riesgo la viabilidad del derecho humano al agua, expresado en la Constitución de la Ciudad de México. Así mismo

 

De igual manera, en acuerdo a los siguientes tratados internacionales: Art. 11 de Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el art. 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

 

En vista de los anteriores fundamentos, solicitamos que se considere improcedente las controversias contra los art. Art. 4, apartado A, numeral 4 y 6; Art. 9, Apartado F, numeral 1 y 3. Articulado que corresponde al derecho al agua como un derecho humano que debe ser garantizado o que afecta directamente la existencia de tal acceso. De igual manera, se solicita que sean respetados los acuerdos internacionales que el Estado Mexicanos ha suscrito previamente.

 

De igual manera, se recomienda una serie de políticas que sean capaces de proveer de agua procurando una restauración con el medio ambiente, más allá del mero extractivismo de las fuentes dado que cualquier propuesta de infraestructura requiere de un resguardo de los mantos freáticos. 

Licenciado en Ciencias políticas e involucrado en el mundo de las actividades académicas y sociales. Actualmente realizando investigaciones para distintos organismos gubernamentales y proyectos para el desarrollo económico.